POR EL JUEZ VACA NARVAJA
PyMES y cooperativas, amparadas por la suspensión del tarifazo

El alivio llegó desde el centro del país. En el marco de la causa iniciada por la asociación civil Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), el juez federal Miguel Vaca Narvaja hizo lugar a la medida preventiva solicitada.

Se trata apenas del inicio de la contienda, pero al menos durante tres meses serán varios los beneficiados. Según lo dispuesto, la suspensión alcanza al “colectivo integrado por los pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines”.

La aclaración no parece ociosa. La extensión de lo resuelto forma parte de uno de los puntos más importante del texto. El juez consideró, en suma, que la accionante APYME estaba en condiciones de representar a todos los que tuvieran un interés similar a ella.

Por lo demás, la duración será de apenas tres meses, el máximo que hoy permite la ley. Antes de ese plazo, el juzgado federal intentará expedirse sobre el fondo de la cuestión: en rigor, si la resolución del Ministerio de Energía que impuso el aumento es válida o no.

Lo cierto, sin embargo, es que el punto ya fue desarrollado en profundidad por la Corte, por lo que pareciera improbable que el juez arribe ahora a una conclusión distinta. En aquel entonces, los miembros del máximo tribunal dispusieron que su fallo fuera inaplicable para los usuarios no residenciales. Y ello debido a un mero defecto procesal. Según los supremos, quienes iniciaron aquella acción sólo estaban legitimados para representar a los titulares de inmuebles destinados a vivienda.

“No es el escenario más negativo que se podría haber dado”, había dicho Marcos Peña el mes pasado, cuando fue anulada esa porción del tarifazo. Hoy, apenas algunas semanas después, esta nueva resolución amplía el criterio fijado por el máximo tribunal.

El juez federal, mientras tanto, reconoció que la medida “podría generar dificultades conforme lo sostiene el Estado Nacional”, pero asumió asimismo que su dictado implicará “un daño menor que el que podría ocasionar a las pequeñas y medianas empresas el pago de la tarifa con los aumentos establecidos”.

Por lo pronto, es probable que el gobierno intente recurrir la suspensión. Si lo hace, podría lograr así el cobro de la tarifa con aumento. Pero todo indica que le será difícil. En el fondo, el criterio sentado este martes no parece una ocasional ocurrencia individual, sino la lógica extensión del criterio fijado por la Corte.

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