OPINION
La mujer en el debate de la nueva Ley de Economía Social y Solidaria (*)

El debate amplio que se abrió en el país para modificar las leyes actuales en materia de cooperativas y asociaciones mutuales plantea un nuevo desafío para los cooperativistas, en particular, y la sociedad, en general.

En ese espacio de discusión, la dirigencia cooperativista y mutualista nacional reclama cambios sustanciales y la actualización de las normas que regulan la economía solidaria en la Argentina, que datan de 1974.

Considera que es necesario adecuarlas al presente enriqueciéndolas con la experiencia de años de labor, de modo que respondan a la demanda de un acompañamiento estatal que regule y proteja su actividad.

Las mutuales y cooperativas ocuparon históricamente una posición de relevancia en el desarrollo de espacios geográficos donde el Estado no cumplía de manera acabada sus funciones sociales, en especial en las zonas rurales del interior del país, a través de una activa intervención de la sociedad civil.

Tendieron redes de servicios públicos esenciales, implementaron líneas de créditos y ayudas mutuas para el crecimiento de actividades económicas regionales y promovieron una labor conjunta entre pares para la resolución de problemáticas endémicas, como la falta de capacitación, la deficiencia de prestaciones y la carencia de recursos y financiamiento, entre otras acciones.

Poco espacio
El Instituto de Promoción de la Economía Solidaria (Ipes), de manera conjunta con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), promovieron el análisis y el debate abierto del anteproyecto de Ley de la Economía Social y Solidaria, a través de foros que se desarrollan en distintos puntos del país.

Esos espacios ofrecen a todos los sectores involucrados la posibilidad de trabajar de manera mancomunada en la construcción de consensos, lo cual constituye una excelente oportunidad para una labor conjunta de los interesados.

Constituyen, asimismo, un ámbito oportuno para introducir el debate sobre la participación femenina en la economía solidaria.

Las cooperativas y mutuales son entidades ligadas por una lógica de solidaridad y ayuda mutua, tendiente a alcanzar fines colectivos de bienestar propuesto por sus integrantes, con un esquema de labor equitativo e igualitario entre sus miembros.

De allí, pues, que resulte inadmisible la no existencia de principios y pautas legislativas que establezcan la obligatoriedad de un cupo femenino que procure hacer efectiva esa igualdad que alza como estandarte de organización interna.

En la Argentina, la política de equidad de género en los órganos de conducción de esas entidades ha sido poco atendida y la mujer tiene escasa presencia, ya que permanece excluida de las esferas de decisión.

Por caso, en Córdoba, hay más de 400 mutuales en funcionamiento, de las cuales sólo 15 están presididas por mujeres.

Tanto la Ley de Asociaciones Mutuales como la de Cooperativas, en sus artículos que regulan lo referido a los órganos directivos, no hacen mención alguna a una composición plural de género o a una integración que represente la perspectiva femenina de sus miembros y asociados.

Por esa razón, en 2014 presenté en la Cámara de Diputados de la Nación dos proyectos de modificación de dichas leyes. Ambas iniciativas tienen por propósito imprimir a su articulado medidas de acción positiva tendientes a garantizar una integración plural de los órganos de gobierno y a reivindicar la importancia de la mujer –históricamente invisibilizada– en el ejercicio efectivo de esos roles.

Los proyectos para mutuales y para cooperativas propician un cupo femenino mínimo y obligatorio del 30 por ciento en la composición de las autoridades de los órganos directivos para mutuales y cooperativas de la República Argentina.

Esta instancia de construcción y debate abierto del proyecto de modificación de las cooperativas y mutuales resulta una valiosa oportunidad para visibilizar a la mujer e introducir con fuerza sus reclamos de participación igualitaria en la dirigencia y conducción de las distintas formas de economía solidaria de nuestro país.

Por María Soledad Carrizo(*)
Diputada nacional (UCR)

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